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Junto con China, Alemania aún es considerada como el país exportador por excelencia. Made in Germany ha sido durante mucho tiempo una indicación de calidad y estándares superiores. La gran reputación de los productos alemanes se extiende a la exportación de materia prima, bienes terminados, componentes y subcomponentes en todo el mundo. Sin embargo, teniendo en cuenta el tamaño y la complejidad de las cadenas de suministro de las compañías internacionales, pueden no cumplirse uniformemente las normas de protección de los derechos humanos y del medio ambiente por parte de las propias empresas y sus proveedores.

Las últimas décadas han traído consigo un crecimiento y cambio acelerados en todos los sectores de la economía. Nuevas industrias, modelos de negocio y formas de inversión surgen cada vez con mayor rapidez en el contexto de la globalización y las nuevas tecnologías. De la mano con estos fenómenos, ha nacido también una mayor difusión y preocupación por los impactos que generan a nivel global tanto empresas como consumidores en el medio ambiente y en la sociedad.

Introducción

El Acuerdo de París sobre el Cambio Climático adoptado en 2015 dio un nuevo impulso al creciente interés de la agenda pública en asegurar la protección del medio ambiente y los derechos humanos, y agudizó la discusión sobre la responsabilidad social de las empresas para lograr esta meta.

En septiembre de 2016, México ratificó el Acuerdo de París comprometiéndose a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 22% para el 2030 respecto a su línea base. Aunque el gobierno mexicano es el principal encargado de alcanzar dicha meta esto no es posible sin la participación activa del sector empresarial, pues éste es el responsable de la mayoría de las emisiones de GEI en México.

La corrupción representa un problema sistémico global. Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha reconocido formalmente que la sociedad civil organizada es un factor de mitigación y disminución de la corrupción, por lo cual resulta fundamental dentro de la nueva estructura regulatoria de anticorrupción en México. La corrupción afecta sensiblemente la prestación de los servicios públicos, el desarrollo económico, el respeto a los derechos humanos y el estado de derecho. Este pernicioso fenómeno, que ha sido definido como “el abuso del poder público para beneficio privado,” no sólo tiene presencia en el sector público, sino también en el ámbito privado; frecuentemente, en el empresarial.

Ha pasado más de un año desde que México, al igual que el resto del mundo, se vio inmerso en los estragos causados por la pandemia de COVID-19. Los sectores productivos de nuestro país buscaron, por diversos medios, adaptar sus formas de producir y prestar servicios ante un virus que nos obliga a mantenernos en casa y reducir el contacto social al mínimo.

Las iniciativas ESG surgen de la creciente consciencia sobre los desafíos económicos, ambientales y sociales más grandes y complejos que enfrentamos a nivel global. La Agenda 2030 de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluyen la adopción de medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos; alcanzar el uso sostenible y la conservación de la vida marina, de la agricultura y de los recursos naturales; garantizar el acceso a recursos asequibles y fiables, así como a energía moderna y, en general, asegurar patrones de producción y consumo sostenibles.

Introducción

Gradualmente, las palabras vertidas por el Premio Nobel de Economía de 1976, el economista Milton Friedman, cuando afirmó que “solo existe una única y sola responsabilidad social para los negocios: usar sus recursos y dedicarse a aquellas actividades designadas para incrementar sus ganancias…” tienen menor resonancia entre las organizaciones.1 Lo anterior ya que, contrario a dicha frase y casi 50 años después, el Foro Económico Mundial publicó el Manifiesto de Davos 2020, en donde se asevera que “una empresa es algo más que una unidad económica generadora de riqueza. Atiende a las aspiraciones humanas y sociales en el marco del sistema social en su conjunto. El rendimiento no debe medirse tan sólo como los beneficios de los accionistas, sino también en relación con el cumplimiento de los objetivos ambientales y sociales”.

En el sector financiero internacional, durante los últimos años, se ha acentuado la tendencia por parte de los inversionistas, desde los grandes fondos de inversión hasta inversionistas individuales (retail investors), de invertir no sólo en empresas que tengan finanzas estables y competitivas, sino también en aquellas que cumplan con criterios de operación sostenible y responsable. Estos aspectos se han centrado principalmente en tres grandes rubros: el ambiental, el social y el de gobierno corporativo (ESG por sus siglas en inglés, como acrónimo de Environmental, Social, Governance). Así, los inversionistas optan por empresas que consideran los pilares de ESG porque estos funcionan para valorar su riesgo legal, regulatorio y de reputación.

Nuestro socio Fernando Carreño ofrece su opinión sobre los estatutos mexicanos y sus reglamentos en La Guía de Litigio Privado en México.